Numerosos estudiantes, y profesionales que realizan su labor en dichos centros se han manifestado en contra, porque supone una limitación del derecho de los ciudadanos a la libre circulación.

La zona carece del servicio de transporte público necesario para atender a todos los ciudadanos, por lo que la única alternativa es el uso del vehículo particular. La asociación recuerda que la regulación de tráfico y la habilitación de plazas de aparcamiento es competencia del Ayuntamiento.

Los artículos 27 y 43 de la Constitución Española recogen que “todos tienen el derecho a la educación” y “se reconoce el derecho a la protección de la salud”.

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