Smart Mobility, se manifiesta por primera vez contra el resultado del concurso de licencias que hay en marcha. La agrupación solicita un incremento de la cifra total de licencias. Aunque no pone en cifras el aumento solicitado, recuerda que el cálculo se hizo antes de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que por sí sola sacará de la circulación a 10.000 motos privadas contaminantes.

El problema surge porque mientras los mayores operadores disponían de más de 1.000 unidades en sus flotas barcelonesas a finales del mandato pasado, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha fijado en unas 7.000 las licencias a repartir. Un polémico reparto que se ha realizado equitativamente entre las 21 empresas solicitantes, lo que reduce las flotas mayores a tan solo 330 scooter eléctricos. Una reducción que supone un importante paso atrás para dichas empresas.

El propio consistorio ha admitido que no esperaban la avalancha de solicitudes, y que operar con 330 motos dificulta el funcionamiento y la sostenibilidad económica del propio sistema.

Fuente: El País