La Fiscalía Anticorrupción, junto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, desvela que muchos de los contratos para la instalación de elementos de seguridad vial como los semáforos, foto-rojo, radares, software de gestión o cámaras de control, se realizaron con un precio hinchado que iba a parar directamente a las arcas municipales.

Hasta el momento se ha detenido a 39 personas, de las cuales 17 son alcaldes y 10 policías locales [entre ellos los jefes de la Policía Local de Oviedo, de Fuenlabrada y Pinto (en Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) o la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa. Asimismo, ha sido llevado a declarar el jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga] , aunque la trama podría alcanzar a otras 70 personalidades más si se incluyen consejeros, técnicos y empresarios. Uno de los implicados más destacados es Jose Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel y presidente de la asociación de jefes de la Policía Local.

Se ha necesitado un equipo de 580 policías para desvelar la compleja y extensa trama de corrupción, desmantelando toda la red en la que los policías locales realizaban labores de intermediación entre empresarios y consistorios. Por el camino se quedaban las mordidas.

Hablamos de contratos que en muchos casos podía alcanzar los 200.000 euros. En algunas ocasiones se llegaron a manipular datos estadísticos de siniestralidad para justificar la necesidad de instalar radares y sistemas de gestión de multas en lugares donde no eran realmente necesarios.

Entre los detenidos también se encuentra Alberto Edroso, intendente con 35 años de servicio en la policía local de Huesca y que estaba a punto de jubilarse.

Entre las empresas bajo investigación esta Aplicaciones Gespol S.L, filial de la constructora Sacyr con sede en Barcelona, que se encargaba de proveer software a las diferentes policías locales por valor de 300.000 euros. Precisamente el operativo arrancó en julio de 2016 en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona).

La Operación Enredadera se extendió posteriormente a los ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Pinto, Villanueva de la Cañada, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Parla, Torrelodones, Manzanares el Real, Galapagar y Valdemorillo en Madrid. Además de consistorios de Oviedo en Asturias, o de León, San Andrés de Rabanedo, Villailambre en Castilla y León, o municipios de las provincias de Barcelona como (Mollet de Valles y de Tiana, Teruel, Huesca, Plasencia, Velez-Málaga, Zaragoza, Palencia, Illescas y Lleida.

Finalmente hay requerimientos para la Diputación de Alicante, Mataró, Montgat, Oineda de Mar, Premiá de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O´Grove, San Vicent del Rapeig y Vitoria.