Las multas podrán ser impugnadas por no reunir las necesarias garantías jurídicas, según explica Mario Arnaldo, presidente de AEA en un comunicado de prensa. Las denuncias captadas por medios técnicos automatizados no pueden igualarse a las observadas por los agentes de la Guardia Civil.

Los drones son especialmente útiles a la hora de detectar infracciones como no llevar puesto el cinturón de seguridad o hablar por el móvil. El problema estriba en la presunción de veracidad de la que gozan los agentes de la Guardia Civil y solo por observación directa, y no los funcionarios de la DGT observando indirectamente a través de las cámaras del dron.

Desde AEA explican que “ningún dron está sometido a ningún control técnico que certifique su correcto funcionamiento conforme a la Ley de Metrología”, y añade que “las pruebas metrológicas a las que según la DGT se han sometido estos aparatos sólo tienen carácter de ensayos voluntarios de equipos que no garantizan ni su buen funcionamiento ni la inalterabilidad de las imágenes”.

Fuente: ElPais, AEA