El despliegue de la infraestructura de recarga es uno de los puntos fundamentales para la expansión de la movilidad eléctrica. La industria está realizando grandes esfuerzos en reducción de costes y aumento de la autonomía de los vehículos, pero la Administración tiene que facilitar el desarrollo de vehículo eléctrico mediante una infraestructura adecuada.
Así se desprende de la mesa de la Movilidad participada por Carlos Bergera, responsable de Relaciones Externas Smart Mobility de Iberdrola; Isabell Büschel, coordinadora para Transport & Environment en España; Ricardo de Lombas, Electric Vehicle Manager del Grupo PSA; y Ana Pociña, experta del departamento de Medio Ambiente de Telefónica.
Los fabricantes están en ebullición con 214 modelos en el mercado para 2021(frente a 60 en 2018), una cifra que triplica la oferta abriendo el abanico de opciones para los compradores. Para surtir de electricidad a todos esos nuevos modelos España cuenta con 4.545 puntos de recarga (según Electromaps), lo que dista de los 9.559 puntos de Holanda, un país considerablemente más pequeño, o los 8.585 de Francia.
Por suerte existen programas masivos de instalación de puntos de recarga, como la iniciativa Smart Mobility de Iberdrola que espera lograr 25.000 puntos en 2021, cubriendo las necesidades tanto de hogares, como empresas y carreteras interurbanas.
Europa ha dado un gran paso adelante acercándose a mercados que comenzaban con ventaja como el asiático. La industria de la automoción genera el 10% del PIB en españa, por lo que su transformación a las nuevas tecnologías es esencial para evitar la pérdida de competitividad y de empleos en el largo plazo.
Mientras los fabricantes tradicionales comienzan a poner fecha de caducidad a sus mecánicas diesel y gasolina, los vehículos eléctricos comienzan a llegar a los concesionarios bajo marcas tan populares como Opel Corsa, Peugeot 208, Volkswagen ID.3 o Renault ZOE.
La red de distribución eléctrica española es robusta, eficiente y digitalizada, rayando al mismo nivel que Noruega y Finlandia. La electrificación de la economía llega en un momento en el que la media de antigüedad del parque automovilístico español es de 13 años, por lo que los incentivos para la nueva adquisición deberían ir enfocados principalmente al vehículo eléctrico.
La reducción del 75% del impuesto de circulación, disminuir la burocracia, aliviar la fiscalidad reduciendo el IRPF o el tipo de IVA, podría ayudar al despegue definitivo de los vehículos eléctricos. También sería adecuado crear planes exclusivos para empresas, taxis y autónomos, son algunas de las conclusiones de la mesa de la Movilidad Sostenible.
Fuente: elConfidencial
