Entre enero de 2017 y octubre de 2017 se han suprimido 450 motocicletas, 75 todoterrenos y 48 turismos. Un descenso que se nota especialmente en el parque móvil de Castilla y León, Extremadura y Galicia.

Esta reducción de vehículos es concomitante con el descenso del número de efectivos, que también se han visto reducidos en 230 en los dos últimos años, y en 591 adicionales en los cuatro años anteriores. Este recorte de efectivos se enmarca dentro de uno más amplio que ha afectado a 12.000 policías y guardias civiles en cinco años.

Recortes que como vemos, afectan a personal y medios, lo que puede poner en peligro el correcto mantenimiento de la seguridad vial en nuestras carreteras.

Parece que la opción del Ministerio es que cada vehículo sea más polivalente, dotando a las motos de la Guardia Civil de radares portátiles y test de prueba de alcohol y drogas. Solo en radares laser se prevé un gasto de 860.000 euros  para la adquisición de 60 unidades en 2018.

Desde el partido Socialista se denuncia el brutal recorte en medios y  personal, y que las medidas adoptadas solo vayan encaminadas a una mayor recaudación por multas, a juicio del diputado por Málaga, Miguel Ángel Heredia. Una falta de personal que también es denunciada desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

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