El paso a nivel se sitúa en una de las calles de la localidad, por lo que es frecuentemente cruzado por tráfico rodado. Esto ha llevado a los vecinos a manifestarse frente a las vías advirtiendo del riesgo para la seguridad vial que supone tener un paso a nivel en dicho punto.

La Ley del Sector Ferroviario obliga a la Administración a “proceder a la suspensión de los pasos a nivel existentes y, en su caso, a su sustitución por cruces a distinto nivel”.

De otro lado la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que "los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con servicios de uso o consumo común", mientras que la Constitución Española, en su artículo 139, recoge que "ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación de las personas".

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