Antes de que comiencen los problemas que pueden causar el importante número de motos de alquiler procedentes de empresas como eCooltra (1.000 unidades), Muving, Scoot (500 U), Yugo o Motit, el Ayuntamiento de Barcelona ya prepara su regularización.

Barcelona es una ciudad motera por excelencia con 183 motos por cada 1.000 habitantes, o lo que es lo mismo, un censo de 290.000 motocicletas y 85.000 ciclomotores. El motosharing sigue teniendo un nivel testimonial en comparación a tan gran parque de motos, pero su influencia crece y los usuarios son mucho más descuidados en ciertas labores ciudadanas como el correcto aparcamiento del vehículo.

Otro de los problemas emergentes en la cada vez más apremiante necesidad de contar con puntos de recarga adaptados a las motos eléctricas. Si en 2017 solo se matricularon 29, en lo que llevamos de 2018 la cifra ya supera las 1.187 motos eléctricas. La mayor parte de ellas, debido a la pujanza del motosharing.

A pesar del fuerte incremento el alquiler de motos por minutos solo supone una moto por cada ocho en propiedad, pero el rápido crecimiento habla de unas cifras cada vez más próximas en los próximos años. Algunos incluso se atreven a vaticinar un futuro en el que la moto en propiedad sea la minoría y las motos compartidas sean la norma en las grandes urbes.

Para alcanzar esta meta a la par que se preserva la sostenibilidad del transporte urbano, el reglamento prohibirá que el motosharing se realice con motos que no sean eléctricas. Cada empresa que quiera ofertar un servicio deberá contar con una flota mínima, y se regulará el parking para que utilicen las mismas plazas de aparcamiento que el resto de motos.

Aunque esto no está exento de polémica pues las zonas reservadas para el aparcamiento de motos en la Ciudad Condal apenas da servicio para el 23% de todo el parque registrado en el Ayuntamiento.

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