Según el sindicato, se está criminalizando el diésel debido a la irrupción de nuevas normativas de homologación y límites de emisiones en las grandes urbes.

Desde el nuevo sistema de homologación WLTP, mucho más preciso que el anterior, pasando por los acuerdos de reducción de emisiones alcanzando por los diferentes países de la UE, todo apunta al diésel como víctima principal.

Por ello, desde UGT-FICA piden coordinación de las administraciones, que se pongan en marcha medidas industriales en concordancia con los representantes sociales y que se asegure el mantenimiento del empleo.

Paralelamente se apuesta por tomar medidas urgentes que favorezcan la competitividad futura de nuestra industria, con la creación de una fábrica de baterías, mejorar los planes de formación y la infraestructuras de recarga.

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