La inversión en dichos puntos de recarga podía suponer hasta 100.000 euros por gasolinera, y la sanción por no hacerlo en la forma y plazo determinado ascendía a 30 millones de euros, por considerarlo una infracción muy grave.

Unas cifras elevadas que pesaban sobre las 1.200 gasolineras que se estima que venden dichas cantidades en España. La millonaria sanción ha sido finalmente retirada por el Gobierno y no aparece en el borrador de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático remitido a la CEOE a finales de 2018.

El documento ha pasado a la fase de consulta pública, sin la sanción millonaria que amenazaba a todas las gasolineras que no incorporaran un cargador para recarga de vehículo eléctrico en los 21 meses posteriores a la aprobación de la nueva normativa.

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