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Si hace algunas semanas anunciábamos la importante implicación de Yamaha en el programa de alquiler de motos eléctricas en Japón, Moto-Sharing Project. Ahora se desvelan más datos del proyecto piloto.
La Asociación Mutua Motera de Navarra ha solicitado públicamente una reunión con los responsables de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona y también con el alcalde Joseba Asiron (Bildu) para “corregir” lo que a su juicio es una situación de “total agravio” por la eliminación de 150 plazas de aparcamiento en el Casco Antiguo y el Ensanche.
El Ministerio de Fomento ha abierto al tráfico 6 nuevos kilómetros de la autovía A-14 entre Lleida y Rosselló. La autovía se sitúa como una alternativa a la polémica N-230 que soporta un tráfico por encima de la capacidad prevista.
El Consistorio de Manuela Carmena tiene previsto invertir solo 12 de los 28 millones de euros destinados a mantenimiento de la M-30. Aunque el Ayuntamiento se comprometió a destinar casi 68 millones en mejoras y reposición de instalaciones de la autovía entre 2015 y 2019, se ha modificado el cálculo de las necesidades de la vía.
El Ayuntamiento de Barcelona persigue incrementar la velocidad comercial de los autobuses urbanos mediante la vigilancia del uso del carril bus, y en especial del mal uso por parte de otros vehículos “no autorizados”. En este caso le toca pagar el pato a los motoristas, que son los más multados por invasión del carril bus.
Los empleados de los diferentes consistorios podrán utilizar scooter eléctricos, según un convenio realizado entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los fabricantes (Scutum, Torrot). La medida pretende incrementar la visibilidad de las motos eléctricas en la Ciudad Condal y el área metropolitana.
En los últimos años se ha producido un cambio de mentalidad en nuestro país en relación a los vehículos eléctricos. Las motos eléctricas ya no son una simple idea de futuro, sino que hay numerosas empresas emergentes (Silence, Torrot, Volta…) e históricas (Bultaco, Rieju, GAS GAS) que apuestan por ellas hoy.
La asociación de consumidores en acción FACUA critica que se pague con dinero público el rescate de autopistas. Unas empresas privadas que han sido mal gestionadas y cuyo importe de rescate podría no recuperarse nunca.
