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El Gobierno francés deroga la obligatoriedad de llevar etilómetros
  25 de Enero de 2013
  El Gobierno francés deroga la obligatoriedad de llevar etilómetros

La falta de fiabilidad en la medición de los etilómetros y las dificultades de aprovisionamiento de los aparatos ha motivado la derogación de la obligatoriedad de dicha medida.

Como ya adelantó FENADISMER el pasado mes de Octubre (ver comunicado de fecha 11 de Octubre) el Ministro francés de Interior, D. Manuel Valls, ha confirmado este jueves que deroga la obligatoriedad de llevar etilómetros en los vehículos que circulen por las carreteras francesas “en razón de las dificultades de fiabilidad y de aprovisionamiento de los etilómetros”. Dicha decisión será sometida en próximas fechas a consulta del Consejo Nacional de Seguridad Vial y de las asociaciones de conductores y de víctimas de la carretera.

Como se recordará, el anterior Gobierno francés aprobó mediante el Decreto nº 2012/284 de 28 de Febrero de 2012 la obligatoriedad de que desde julio del pasado año todos los vehículos a motor (esto es, camiones, autobuses, turismos y motocicletas de más de 50 cm³) que circularan por las carreteras francesas debían llevar obligatoriamente un etilómetro a bordo, estableciendo un régimen sancionador en caso de incumplimiento que entraría en vigor en Noviembre. 

Sin embargo, ante las dificultades que ha venido existiendo para suministrar etilómetros suficientes ante la demanda de los conductores tanto franceses como de los países europeos limítrofes, y la limitación de la capacidad de producción por parte de los fabricantes de dichos aparatos (situados principalmente en China y el Norte de África), unido a los abusos cometidos por algunos establecimientos, que llegaron a quintuplicar los precios de venta de los etilómetros debido a su escasez, así como la falta de fiabilidad de alguno de los aparatos que se vendían en el mercado, obligó al actual Gobierno francés a aplazar el pasado mes de Octubre la entrada en vigor de su régimen sancionador hasta el 1 de Marzo de 2013, el cual con la nueva decisión adoptada queda aplazado “sine die”.