Asociación Mutua Motera

      
 
 
Corrupción en la DGT al legalizar motocicletas robadas
  28 de Mayo de 2014
  Corrupción en la DGT al legalizar motocicletas robadas

El funcionario Juan Gerardo Q.P., que ha sido condenado a dos años de prisión, doce de inhabilitación y 2.160 euros de multa, trabajaba como administrativo en la Dirección General de Tráfico (DGT) de Zaragoza.

Juan Gerardo arreglaba la documentación y daba de alta motocicletas para dos conocidos por importes de 100 a 350 euros por operación. En al menos una de las transacciones la motocicleta era robada. Los conocidos del funcionario de la DGT, Manuel F.G. y David C.T. también han sido condenados a un año de prisión y 600 euros de multa por sobornar a un funcionario público.

Según los hechos que los tres aceptaron como probados en un juicio celebrado por conformidad de los acusados; el funcionario, que trabajaba como operador de información en el negociado de vehículos de la DGT, se encargaba de realizar las transmisiones de automóviles y motos y de expedir permisos de circulación.

Dado el interés mutuo por las motocicletas antiguas conoció a Manuel F. G., quien le persuadió  para que facilitase gestiones a la hora de transferir motos. Manuel a su vez conocía a otro coleccionista de motos antiguas, David C. T., y ambos contactaron con el funcionario para ofrecerle el pago por tramitar las transferencias.

El funcionario les ayudó a regularizar seis motocicletas, para lo cual borraba las incidencias de la base de datos que impidiera expedir el permiso. Una de las motos había sido robada en Cataluña, y su dueño, al ir intentar tramitar la baja, descubrió que estaba inscrita a nombre de otra persona destapando la trama de corrupción.