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4 de Noviembre de 2010
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Reductores de velocidad ilegales

El PP revela que la mayoría de los badenes no cumple con la nueva ley

¿Es usted de aquéllos que sufren la presencia de los reductores de velocidad en forma de molestias cervicales? ¿Su profesión, bien pudiera ser conductor, transportista o taxista, le obliga a atravesarlos a diario? ¿Ha tenido problemas en los amortiguadores de su vehículo por su culpa?

Pues sepa que su calvario va camino de resolverse, ya que desde el pasado 23 de septiembre estos badenes y obstáculos que son utilizados en las ciudades para aminorar la velocidad de los vehículos deben someterse a las características que recoge una orden del Ministerio de Fomento.

En realidad, esta orden data de 2008, pero ha sido en esta fecha cuando ha finalizado la moratoria que se había dado a las diferentes administraciones responsables de las vías públicas en las que están instalados estos artefactos para que las adecúen a la nueva normativa.

Según esta orden, solamente está permitida la instalación de los siguientes reductores en vías cuya limitación de velocidad sea igual o inferior a los 50 kilómetros por hora: el tipo paso de peatones sobreelevado de sección trapezoidal de 10 centímetros de altura, 4 metros de longitud y rampas de ataque y salida de 1 a 2 metros; o, en segundo lugar, aquellos reductores de plástico con un máximo de 6 centímetros de altura.

Todos los demás obstáculos que están actualmente instalados en las vías públicas se entienden bajo esta normativa como ilegales (uno de los puntos recoge que no pueden instalarse en pendientes superiores al 5% de desnivel) y la administración responsable puede ser denunciada y condenada a asumir los costes de lesiones y desperfectos que pudieran causar a terceros.

El concejal del PP, José Luis Arrúe, que fue quien en rueda de prensa dio a conocer la existencia de esta orden ministerial, pidió al equipo de gobierno «que establezca un mapa en el que se recojan los reductores que existen en la ciudad de cara a que sean adaptados o suprimidos, en su caso, aquéllos que no se adapten a la normativa existente.

Me consta que una gran mayoría no lo están y hemos tenido dos años para habernos amoldado a esta orden ministerial».

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