La llegada de Donald Trump y sus políticas relajadas en torno a la contaminación ambiental ha llevado a un nuevo escenario menos competitivo en el que la industria europea del transporte por carretera podría resultar especialmente perjudicada de un avance demasiado rápido.
En este entorno surge un nuevo bloque de países compuesto por Francia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Grecia y Eslovenia que se habían mantenido más moderados, y que ahora abogan por acelerar la lucha contra el cambio climático, mientras que el resto, con una importante industria basada en la automoción prefieren un ritmo más sosegado.
España que también cuenta con numerosas plantas de producción de vehículos, se ha mostrado hasta el momento al margen no alineándose con ninguno de los dos bandos.
El sector del transporte sigue siendo la principal fuente de discusión, pero todos están de acuerdo en que antes de finalizar el año deben tener unos objetivos claros de reducción de emisiones de CO2 para la próxima década. Sobre la mesa queda la posibilidad de obtener una posición común, o tener que conformarse con un acuerdo de mínimos respaldado por una mayoría cualificada del 55% de los países miembros y del 65% de la población. En esta tesitura, Alemania será la clave del proceso.
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